El expediente lleva un año y medio de trámite, durante el cual se acumularon más de cincuenta carpetas con e-mails y cientos de horas de escuchas telefónicas.
De allí surgen importantes indicios de que la banda habría operado para traficar información con fines comerciales y para conspirar políticamente. Velázquez y Carpintero aparecen en la causa como los expertos en hackeo que habrían distribuido información por su cuenta y también a través de Yofre, quien a su vez les hacía pedidos y habría devenido operador clave en la trama, según pudo saber Página12 por allegados a la pesquisa.
El circuito se completaba con quienes adquirían el resultado del espionaje ilegal: empresarios, militares, políticos y poderosos del mundo del espectáculo. La lista judicial de los presuntos usuarios de estos servicios incluye nombres como el del empresario santiagueño de medios Néstor Ick, los Rodríguez Saá, Juan Carlos Blumberg, el ex jefe de Inteligencia del Ejército Osvaldo Montero, los coroneles del Ejército Alejandro Pelliza y Guillermo Abrahim, entre muchos otros, inclusive el periodista de chimentos Jorge Rial y hasta el difunto Bernardo Neustadt.
El Código Penal prevé penas no sólo para el que viola los secretos de Estado sino para el que los recibe. Castiga con 1 a 6 años de prisión “al que revelare secretos políticos o militares concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la Nación” y también al que “obtuviere la revelación del secreto”.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-106077-2008-06-15.html
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